COMUNICADO ALA
La República Argentina eligió a través del sufragio democrático nuevo presidente y vicepresidenta el 19 de noviembre de 2023. La fórmula electa en segunda vuelta basó toda su campaña política en la metáfora de la motosierra, en relación a un futuro gobierno que recortaría derechos obtenidos por lxs argentinxs luego de décadas de luchas y demandas colectivas.
El recorte, según la campaña electoral, alcanzaría a quienes denominaron “casta política”. Esta categoría refiere de manera confusa a quienes buscarían en el campo de la política mantener privilegios a costa de las mayorías (haciendo referencia a un único signo político). La noción de “casta” olvida mencionar a quienes manejan la economía y se benefician económica y financieramente haciendo negocios con el Estado desde su misma constitución como tal.
El recorte alcanzaría en esa misma lógica, también a la estructura y organización del Estado Nacional, ya que se proponía la eliminación de Ministerios y/o Secretarías de Estado, la reconversión de empresas estatales para su futura privatización, etc.; y a los Estados Provinciales, en la medida en que se recortarían las partidas de la Nación que éstas reciben según lo definido en las leyes correspondientes.
Ayer 20 de diciembre -fecha dramática para les argentinxs porque recuerda la masacre ordenada por el entonces presidente Fernando de la Rúa los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminó con 39 muertos y 500 heridos en todo el país en el intento del gobierno por frenar una protesta popular como resultado de medidas económicas asfixiantes para el pueblo-; el recientemente asumido presidente, rodeado de parte de su gabinete, anunció por cadena nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023 – “BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA”) que declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. El DNU propone la desregulación económica y la implementación de recomendaciones de la OMC y la OCDE.
Esa desregulación económica alcanza a comercios de cercanía y supermercados, alquileres, papel de diario, tarjetas de crédito, servicios e industria. El DNU también decreta una reforma del Estado, y avasalla mediante la derogación y/o modificación de leyes vigentes las áreas de trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, salud, comunicación, deportes, sociedades, turismo y registro automotor.
Todas las medidas apuntan a la eliminación de derechos ganados y a la preparación de ámbitos públicos para su compra por parte de privados. Esto último desde una empresa como Aerolíneas Argentinas, hasta los clubes sociales y deportivos, el suelo argentino y sus recursos.
En nombre de la “libertad” el Estado argentino dirigido por el partido político La Libertad Avanza traiciona sus promesas de campaña, dejando a quienes denominó “casta” a resguardo y abandona a sus ciudadanxs a su suerte, a manos del “mercado”, que como la historia bien ha demostrado, de mano invisible no tiene nada.
Desde la Asociación Latinoamericana de Antropología vemos con mucha preocupación esta fenomenal intrusión del Estado argentino en la desprotección de sus ciudadanes, su economía, sus bienes, su suelo; dejando a todxs desamparadxs ante las garras del poder real dueño de lo que eufemísticamente llaman “mercado”, que se prepara nuevamente para desguazar, vilipendiar, arrasar, expoliar, despojar y expropiar al pueblo argentino de sus derechos y a la nación de su soberanía y prerrogativas; a través de una metodología que pone en riesgo el sistema democrático mismo.
Comunicado-por-ARGENTINAII-ALA